Los representantes del sector inmobiliario han reaccionado contra el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía, norma que crea un régimen sancionador para las viviendas que estén vacías y establece la expropiación temporal de los inmuebles que se encuentren inmersos en procedimientos de desahucio.
El presidente de la ACP, José Prado, la ha calificado de «intervencionismo aberrante» en el sector privado y el mundo de la empresa. Así lo hizo saber el presidente de la asociación en La Opinión de Málaga: «En una sociedad de libre mercado nadie puede forzar el manejo de una propiedad legítima». Asimismo, Prado aseguró no entender por qué la Junta no se dirige al sector y a los bancos, quienes son «los más interesados en que los pisos se habiten».
El presidente de la ACP también se ha pronunciado al respecto en El Confidencial, donde ha considerado que se trata de un «corralito inmobiliario» para los ahorradores. La secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, también valoró la nueva medida en el diario Sur y advirtió que se tomarán medidas legales si se imponen sanciones, ya que la norma supone una «intromisión total».
Por su parte, desde la patronal andaluza de la construcción (Fadeco) han señalado en El Mundo el afán recaudatorio del nuevo decreto ley y aseguraron estar a la espera del texto para ver «si se puede atacar jurídicamente». Además, han criticado las disposiciones que la Junta está llevando a cabo en materia de vivienda y dudaron de que la Junta tenga competencias para irrumpir en el núcleo del derecho de propiedad, regulado por la Constitución. «Si la Junta tiene tantas ganas de pagar subvenciones debería empezar a pagar las ayudas del plan anterior, de las que no han dado ninguna noticia», puntualizan desde Fadeco.
Expropiaciones y sanciones a viviendas vacías
Entre las medidas aprobadas en el decreto ley de la Junta, se incluye un sistema de sanciones de hasta 9.000 euros para personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no alquilen su stock residencial.
Otro de los objetivos principales que la Junta ha reseñado es fomentar el alquiler y hacer aflorar las viviendas vacías. Según contempla la nueva norma, se consideran viviendas vacías aquellas que «reuniendo los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación se encuentra desocupada«. Esto es cuando la vivienda no cuenta con suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso.
En cuanto a los propietarios particulares, han anunciado que ofrecerán subvenciones para animar al arrendamiento. Dichas ayudas se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos.
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