El equipo de gobierno en la Diputación de Málaga ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto de medidas urgentes en materia urbanísticay para la protección del litoral aprobado por la Junta de Andalucía el pasado mes de noviembre. El portavoz del ente supramunicipal, Francisco Salado, ha explicado que la medida ha paralizado el planteamiento de los municipios de la costa y por ello entienden que es «un atentado contra la autonomía local».
Desde que se conoció esta normativa, la ACP de Málaga se mostró contraria a dicha medida que afectaría a unas 30.000 viviendas ya programadas en la provincia. El presidente de la ACP, José Prado, expuso que la medida generaría «una gran inseguridad jurídica» y que perjudicaría enormemente a la inversión en la provincia.
El Decreto-Ley de medidas urgentes para la protección del litoral obliga a paralizar durante dos años los proyectos urbanísticos en el litoral de aquellos municipios que no estén adaptados al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). Una de las localidades más afectadas es Estepona, ya que el decreto afecta a unas 16.000 viviendas y deja en suspenso proyectos de gran envergadura como la construcción de 1.477 viviendas de lujo que promueve la Casa Real saudí.
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