Ha sido un fin de semana muy activo en declaraciones en los medios por parte de la ACP, intentando concienciar sobre la necesidad de mayor inversión en obra pública, así como en el control de las bajas y pagos en plazo por parte de las Administraciones.
Se pueden ver las declaraciones íntegras del Presidente y de la Secretaria General, en DIARIO SUR y LA OPINIÓN DE MÁLAGA.
A continuación se resumen algunas de las ideas planteadas:
A pesar de que el número de licitaciones subió el pasado ejercicio en Málaga hasta un 80% coincidiendo con el año preelectoral (260 millones de euros), en 2015 la inversión se ha vuelto a desplomar, de modo que se ha registrado una caída del 27% durante el primer semestre. Si se tiene en cuenta además que el mercado residencial continúa estancado, resulta evidente que la escasa obra pública sea tan codiciada por las empresas del sector. Todo ello está provocando que los poderes públicos adjudiquen en muchos casos proyectos con bajas excesivas sobre el importe inicialmente presupuestado, que a la larga pueden dar problemas tanto a las empresas como a la propia Administración. Así lo asegura la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón.
«Hay cada vez menos obra pública y, a la vez, más firmas interesadas, lo que hace que la competencia sea muy grande. Si antes se presentaban diez al concurso por una obra, ahora lo pueden hacer hasta 30 ó 40. Las empresas necesitan conseguir esos trabajos para mantener su actividad y a sus plantillas, por lo que hacen ofertas muy agresivas, incluso a pérdidas. Y eso lo saben las administraciones y en ocasiones se aprovechan de esa necesidad para apretar al límite a las empresas. Hemos llegado a ver puntualmente adjudicaciones con bajadas de hasta el 40% y el 50% sobre el presupuesto licitado», destaca Aragón en referencia a esta bajada de precios.
Según añade, la situación es generalizada en los concursos de todas las administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales. Incluso se da el caso de licitaciones donde las empresas tienen que ofrecer además mejoras, en obra en plazos de garantía, plazos etc. para lograr la adjudicación.
«La tendencia está protagonizada, sobre todo, por las constructoras de mayor tamaño, muchas de ellas de ámbito nacional, que tienen más capacidad financiera y recursos para poder ofertar estas rebajas a las administraciones. Eso está dejando cada vez más en fuera de juego a las firmas de la provincia, en su mayor parte de tamaño mediano y pequeño», explica Violeta Aragón.
«Hasta hace unos años, las constructoras más grandes no competían por obras de menos calado, pero estamos en una situación de gran caída de la licitación que provoca que se estén presentando a casi todos los concursos, acaparando mucho mercado. Para más inri, algunas de estas grandes firmas nacionales acaban subcontratando a empresas de la provincia, con lo que los bajos precios con los que se adjudicaron la actuación terminan siendo repercutidos al tejido local», añade.
Según la ACP, el actual nivel de bajada de precio en las ofertas es desproporcionado y apunta que las administraciones deberían hacer proyectos más completos y ajustados a la realidad para evitar este tipo de situaciones. La ACP también reclama a los poderes públicos que sean muy estrictos a la hora de revisar la denominadas ‘ofertas temerarias’.
En este ambiente, al menos resulta positivo el hecho de que se esté reduciendo la morosidad por parte de los ayuntamientos, noticia celebrada desde la ACP. Y es que todo apunta a que algo está cambiando en los tiempos de pago de las administraciones a sus proveedores. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 y los planes de abono de las facturas atrasadas impulsadas por el Gobierno han marcado un antes y un después en esta relación, tradicionalmente convulsa. Las quejas por las demoras no han terminado, pero no son como años atrás.
Así, la ACP señala que los planes de pago a proveedores sirvieron para que los ayuntamientos solventaran la mayor parte de sus deudas. En palabras de su presidente, Emilio López Caparrós: «Estamos constatando una importante reducción de la morosidad en el ámbito de la administración local, lo cual quizás puede ser una consecuencia de la falta de inversiones y de que las que se realizan están en la mayoría de ocasiones financiadas por terceros a través de fondos finalistas, ya sea por la Diputación Provincial o por fondos europeos fundamentalmente. Y, por ello, los ayuntamientos no tienen más remedio que pagar en los plazos para justificar las subvenciones recibidas».
En este sentido, la ACP destaca que el principal problema en la actualidad lo presenta la Junta de Andalucía y sus agencias y empresas públicas, donde siguen existiendo importantes bolsas de cantidades impagadas. La ACP se queja de que el Gobierno autonómico decidiera implantar un sistema propio para el abono de facturas, diferente al servicio telemático que estableció el Estado en enero de este año. Según la ACP, el sistema de la Junta se fue demorando y sigue sin funcionar correctamente. «Este retraso puede llevar a alguien a pensar que lo único que se pretende es que las facturas no entren en el sistema que permite a la Administración General del Estado tener conocimiento de ellas y, por tanto, puedan seguir existiendo facturas en el cajón», sugieren desde la ACP.
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