La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) y el equipo de Acción Política del Partido Popular de Málaga se han reunido este martes para reclamar la inversión pública en infraestructuras con el objetivo de mantener a la provincia como potencia turística.
A la reunión, que tuvo lugar en las instalaciones de la ACP, acudieron los miembros del comité ejecutivo de la asociación, con su presidente, José Prado, a la cabeza, y la vicesecretaria de Acción Política del PP, Antonia Ruiz, quien acudió a la cita junto a otros componentes de su partido como los concejales María del Mar Martín (Ayto. de Málaga), Marta Marín (Rincón de la Victoria), Pilar Fernández-Fígares (Estepona) y Carmen Malo (Fuengirola) y José Luis Ramos .
José Prado, asimismo, explicó durante el encuentro su punto de vista sobre la actual coyuntura económica: «Tiene que haber recorte en gasto, pero no en la inversión productiva». Y añadió: «Hay que invertir en infraestructuras necesarias para nuestra provincia que sirvan de apoyo a la inversión extranjera». Durante el encuentro, ambas partes mencionaron proyectos inacabados como el saneamiento integral, el tren litoral o el anillo ferroviario.
La reclamación de inversión en infraestructura por parte de las administraciones públicas es una de las propuestas que la ACP ha puesto encima de la mesa en los últimos tiempos para tratar de paliar algunos de los efectos negativos de la actual crisis económica.
El presidente de la ACP, José Prado, reclamó el pasado mes de junio la aprobación de ‘Plan de Inversiones en Obra Pública’ que ayude a mejorar el estado del sector de la construcción. Además, según constataron la asociación y el equipo de Acción Política del PP de Málaga, esta inversión es fundamental para el desarrollo turístico ante la pujanza de otros destinos que compiten con la Costa del Sol.
Al margen de la necesidad de recuperar la inversión en infraestructuras, la ACP y el equipo de Acción Política del PP de Málaga se comprometieron a vigilar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Morosidad, en lo que se refiere a pagos de obras ejecutadas, además de proponer medidas que sirvan para reducir los trámites administrativos y ampliar los estímulos fiscales que faciliten la inversión privada.
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