El Ayuntamiento de Málaga considera necesario que las competencias en Vivienda se transfieran a los consistorios. Así lo ha defendido el edil de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, en la jornada nacional organizada por la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). En el encuentro desarrollado en Alicante, se dieron a conocer cómo se han configurado las Leyes de Vivienda de distintas comunidades autónomas y las nuevas líneas de acción municipales en materia de vivienda que desarrollan determinados Consistorios.
Pomares intervino en la mesa sobre el ejercicio del derecho a la vivienda desde la política municipal, junto con responsables de los ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Alicante. El concejal reivindicó ante los representantes de las comunidades autónomas la necesidad de avanzar en la transferencia de las competencias de vivienda a los municipios para alcanzar una mayor eficacia en la gestión y en la respuesta a los ciudadanos.
En este sentido, explicó que el Ayuntamiento de Málaga desarrolla desde hace años una política proactiva de lucha contra los desahucios y que ha reforzado sus acciones con la creación de la nueva oficina del derecho a la vivienda que integra a la actual oficina y amplía la cobertura de acción para atender a familias con necesidad urgente de vivienda, incursas en procedimientos de desalojo, desahucio o lanzamientos, no solo derivados del fenómeno hipotecario, sino de cualquier otro supuesto.
Esta oficina se encarga de gestionar, negociar e intermediar con las entidades financieras y arrendadores de viviendas de familias afectadas por desahucios, con el objeto de que éstas puedan permanecer viviendo en sus hogares familiares, bien reestructurando la deuda bien gestionando un alquiler de las viviendas. También elaborará un censo de viviendas vacías en propiedad de Bancos y promotores. Para ello se valdrá de informes notariales sobre la gestión tributaria para la liquidación de la plusvalía municipal, así como de la colaboración de los Bancos y entidades sociales y ciudadanas. Asimismo se instará a la Junta de Andalucía a que reclame a la SAREB las viviendas que tiene a su disposición.
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