El sector de la obra pública en España se enfrenta a un escenario crítico. La escalada de los precios de los materiales de construcción y la energía, multiplicada desde febrero por la guerra de Irán, está teniendo consecuencias sobre los proyectos en marcha, las adjudicaciones y los concursos.
Como prueba de las crecientes dificultades para asumir los costes actuales con los presupuestos establecidos en los contratos, las constructoras y empresas del ámbito de las infraestructuras llevan meses dejando licitaciones desiertas de todo tipo de infraestructuras, principalmente de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos y de tamaños, en la mayoría de los casos, menores (por debajo de 500.000 euros). La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) cuantificó 1.130 concursos sin ofertas en el primer semestre, con un valor agregado de 707 millones de euros. La patronal denunció, además, que el ritmo de crecimiento mensual es un 16% superior al que se registró tras la guerra de Ucrania.
La Administración Central había sorteado esta situación al ofrecer márgenes tradicionalmente más elevados y al erigirse en un cliente estratégico para las empresas por sus altos volúmenes de inversión. Sin embargo, ya no es suficiente y las constructoras, que han demandado recurrentemente la introducción de cláusulas de revisión de precios en los contratos, han comenzado a dejar desiertos concursos del Estado.
La Dirección General de Carreteras (DGC), dependiente del Ministerio de Transportes, tenía previsto abrir el pasado 22 de octubre las ofertas para el contrato de rehabilitación superficial del firme del tramo de la autovía del Mediterráneo E-15/A-7 comprendido entre los puntos kilométricos 306,7 y 314, que discurre por los términos municipales de Museros, Rafelbunyol, El Puig de Santa María, Puçol y Sagunto, en la provincia de Valencia. Sin embargo, no hubo ninguna propuesta, por lo que el Ministerio se vio obligado a declarar la licitación desierta.
El importe del contrato es acotado para los presupuestos que maneja la DGC (supera ligeramente los 10 millones de euros), pero desde el sector se advierte de que marca un punto de inflexión y no será el último. No en vano, las fuentes consultadas avisan de que la próxima semana podría repetirse la situación con otro contrato de firmes para la A-42 a su paso por varias localidades en las provincias de Madrid y Toledo, por un importe de más de 14 millones.
La decisión de las constructoras de no concurrir responde a la inviabilidad de realizar los trabajos contenidos en el contrato con el presupuesto previsto. Según denuncian fuentes del sector, la DGC «ha licitado considerando el precio de la tonelada de betún asfáltico a 55 euros, cuando el coste real actual alcanza los 90 euros». «Es intolerable que las Administraciones intenten enriquecerse con contratos públicos que machacan a las empresas y paguen a precios de antes de la pandemia», critica un alto representante empresarial. Ante este desfase, las empresas no están dispuestas a asumir pérdidas seguras y se han plantado.
Paralización en conservación
La falta de concurrencia en un primer concurso del Ministerio de Transportes tiene, además, una incidencia mayor por el tipo de contrato que es y el momento actual, con un creciente deterioro del estado de la red de carreteras. Al consistir en la rehabilitación de firmes, y aunque está catalogado como un proyecto de obras, implica actuaciones directamente vinculadas a la conservación de la infraestructura existente.
Desde el sector privado lamentan que la DGC «escatime recursos para contratos imprescindibles para la mejora de las carreteras y la seguridad de los usuarios». Máxime, añaden, cuando el propio Ministerio ha reconocido un déficit de inversión para mantenimiento millonario. El ya exministro asumió en febrero pasado un agujero en las vías estatales de 5.600 millones de euros. Para repararlo, parcialmente, anunció un Plan Especial para la Mejora de los Firmes de la Red de Carreteras del Estado dotado con 1.629 millones de euros, una cantidad muy significativa en comparación con las inversiones pasadas. Ahora bien, a tenor de lo ocurrido en la reciente licitación de la autovía del Mediterráneo, el Ministerio deberá afinar los presupuestos para atraer al sector y poder materializar los trabajos.
La ausencia de ofertas en contratos de rehabilitación se suma a la paralización del plan de conservación de más de 1.000 millones de euros que Transportes aprobó en julio. Esta iniciativa se halla suspendida tras la denuncia de Acex de los nuevos pliegos, que a juicio de esta patronal convierten los contratos en subastas encubiertas, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
Al margen del creciente número de concursos desiertos, la subida de los costes y la falta de actualización de precios en los contratos -a diferencia de las medidas que sí se tomaron tras la guerra de Ucrania- está propiciando que las constructoras estén ralentizando los trabajos en algunas obras. Asimismo, según avisan fuentes empresariales, la amenaza de abandonos de proyectos en marcha o el desistimiento de contratos adjudicados es cada vez mayor.
Fuente: El Economista
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