El Gobierno ha publicado el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros dirigido a reducir la morosidad de las Administraciones Publicas.
El objetivo principal del Real Decreto es sanear el sector público antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el Sector Público, para pagar las facturas cumpliendo los plazos de pago legales.
Para ello, se aprueba un plan de financiación para el pago a proveedores para cancelar las facturas vencidas, líquidas y exigibles anteriores a 31 de mayo de 2013, y contabilizadas, por lo que no aflorará déficit.
Como en los dos planes de pago anteriores, el abono a favor del proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma o Entidad Local, como intereses, costas judiciales y otros gastos accesorios.
El acceso al plan está sujeto a la aprobación de un Plan de Ajuste, o actualización del que ya tengan, de la Administración que se adhiera. Además, se exigirá la aplicación presupuestaria o cuenta contable en el que está registrada la operación, así como la categoría contractual en la que se ha instrumentado.
Los proveedores tendrán desde el 25 de julio hasta el 6 de septiembre de 2013, para consultar las relaciones de facturas pendientes declaradas por las Administraciones al Gobierno Central y aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través de este mecanismo o la emisión de un certificado de reconocimiento de deuda en el caso de no estar incluidos en la relación inicial emitida por las administraciones deudoras.
Como novedad, el plan se amplía a las facturas de proveedores de universidades, las transferencias a instituciones sin fines de lucro con fines sociales, así como determinadas sentencias judiciales firmes.
Además a los subcontratistas se les permite conocer directamente el estado de la deuda del contratista principal.
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