Mensaje claro y contundente el que lanzan los promotores de la provincia de Málaga para exigir a las Administraciones públicas un mayor compromiso en la construcción de vivienda a precio asequible.
A las numerosas propuestas que en los últimos meses los empresarios han realizado, con el objetivo de responder, aunque sea parcialmente, a la emergencia habitacional que sufre una parte importante de la población, ahora suman una idea de enorme valor simbólico.
Emplear los ingresos generados por los impuestos que se aplican al sector inmobiliario a la construcción de viviendas de protección oficial. «¿Por qué no se usa ese dinero?», se preguntó ayer lunes Violeta Aragón en el marco de una jornada sobre vivienda.
Durante su intervención en el acto, organizado por Vox, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de la provincia puso sobre la mesa esta demanda y recordó que solo con los impuestos que genera la venta de una casa de 500.000 euros a un guiri se podría financiar el desarrollo de una VPO.
De acuerdo con los datos del sector, de esta suma, el 25% o el 30% corresponden a impuestos, lo que se traduce en unos 125.000-130.000 euros.
Para Aragón, los datos objetivos de inversión ponen en evidencia a las instituciones públicas en materia de vivienda. «Estamos preocupados, pero creo que no estamos ocupados en resolver el problema de la vivienda«, afirmó de manera clara.
Para reforzar esta teoría recordó que pese a que la vivienda es el «pilar básico de la sociedad y que como tal debe ser priorizada», la Junta de Andalucía apenas destina el 1% de su presupuesto a la construcción de viviendas.
Escasa apuesta de la Junta de Andalucía
Esto, precisó, supone una media de 60 euros por habitante. Un valor que está en las antípodas de los, por ejemplo, 200 euros por habitante del País Vasco. «Con esas inversiones no podemos decir que estemos ocupados», apostilló.
La representante del sector empresarial en la provincia incidió en el grave déficit de vivienda que presenta la provincia. Un territorio que, según el último informe del Banco de España, se encuentra entre los que padecen una mayor diferencia entre la demanda real y la oferta residencial.
«50.000 viviendas son las que necesitamos en este momento; el problema es que la diferencia va a seguir aumentando, porque estamos acabando del orden de 800 viviendas todos los años y las previsiones del INE son que el crecimiento de hogares sea del doble», razonó.
El efecto inmediato de esta escasa oferta es que el precio de los inmuebles en el mercado se dispara mes tras mes, superando los dos dígitos.
«La única forma de atajar esto es poner más oferta en el mercado; si no se pone es porque los trámites pueden llegar a tardar entre 10 y 15 años», destacó. En esta línea, Aragón abogó porque las administraciones sean capaces de aunar trámites, de manera que puedan disponer de una visión única de la operación.
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