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La Administración debe reconocer sus limitaciones y apoyarse más en el promotor.- Entrevista a ACP en Diario Sur.-

18 de marzo de 2019

La Administración debe reconocer sus limitaciones y apoyarse más en el promotor.- Entrevista a ACP en Diario Sur.-

Los empresarios de la construcción demandan menos burocracia y más recursos públicos para relanzar el mercado de las viviendas protegidas. Así lo detalla Violeta Aragón Correa, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores.

Sin ayudas públicas, con unos costes de construcción cada vez más elevados y unos precios del suelo en aumento, a los empresarios del sector inmobiliario no le salen los números para retomar la producción de VPO. Desde la Asociación de Constructores y Promotores, su secretaria general, Violeta Aragón, demanda a las administraciones públicas menos políticas de 'maquillaje' y más medidas efectivas para poder levantar pisos protegidos en Málaga.

- ¿Cómo se ve desde la perspectiva de los promotores la carestía de vivienda protegida en Málaga? ¿Cuáles son sus causas principales?

- La ejecución de cualquier vivienda, sea la vivienda protegida o no, se rige por los mismos condicionantes técnicos obligatorios. Se trata de exigencias que en obra nueva se han ido incrementando para mejorar la eficiencia energética de los edificios, pero que han conllevado un incremento de costes del proceso constructivo. Además, la materia prima, el suelo, es hoy un bien escaso que, ante los larguísimos e inciertos periodos que conlleva la puesta en carga de nuevos terrenos, está subiendo de precio, superando ya el 30% de la inversión de una nueva promoción. Todo ello ha hecho que el promotor privado, que durante muchos años ha sido el principal ejecutor de estas viviendas, ahora no pueda acometerlas, ya que se topa con una cuenta de resultados negativa, debido a que están tasados los precios máximos de venta de la VPO.

- ¿Qué condiciones deberían darse para que se reactive este mercado?

- Se deben diseñar políticas de vivienda basadas en la reducción de los costes de producción. Hay que poner en carga todo el suelo destinado a vivienda social, retenido en manos de las administraciones públicas. También sería preciso reducir las cargas burocráticas ligadas a la promoción de la VPO, que son mayores incluso que para las viviendas de renta libre. Para fomentar las viviendas en alquiler, habría que compensar los problemas que se encuentran los promotores para desarrollar esta tipología, ya que tiene unos parámetros de financiación más estrictos y más costes fiscales. Sería bueno reducir las cargas tributarias que deben soportar los compradores de viviendas y que se estiman en el 25% del precio. Y, por último, alcanzar un marco jurídico estable para la financiación hipotecaria.

- La Junta obligó a que el planeamiento urbanístico reservara un 30% de cada ámbito para VPO. ¿Qué va a pasar con estos suelos si no remonta el mercado de los pisos protegidos?

- Es evidente que esa medida se impulsó en un momento concreto sin criterios de demanda, ya que se hizo en base a unos registros de demandantes que no reflejan la realidad, y sin tener en cuenta las peculiaridades de cada territorio. Está claro que no ha logrado estimular la iniciativa privada en VPO y que, muy al contrario, lo que está logrando es condicionar el desarrollo de los suelos, haciéndolos inviables. Hay que reformular ese concepto para que puedan ponerse en carga esos terrenos. Esta es una de las principales líneas de trabajo con las administraciones públicas que mantenemos desde las asociaciones empresariales.

«Se deben diseñar políticas basadas en la reducción de los costes de producción»

- ¿Cuántos años estima que podría durar todavía este panorama?

- Es difícil dar un pronóstico. La situación está muy condicionada por la política de vivienda, que ha sido fluctuante y en muchos casos inexistente en los últimos años. Se han anunciado propuestas que parecen más encaminadas a dar 'imagen social' que al fruto de una reflexión seria sobre lo que serían medidas efectivas. Es evidente es que la regulación actual no ha funcionado, ya que no ha logrado dar una respuesta satisfactoria a las necesidades ciudadanas. La administración destina escasos recursos económicos a su política de vivienda y tampoco ha estimulado la inversión privada en VPO para que ambas iniciativas, públicas y privadas, se complementen. No me cabe duda de que los primeros pasos para lograr una adecuada política de viviendas públicas deben pasar por que las administraciones reconozcan sus limitaciones en esta materia y empiecen a ver al promotor inmobiliario privado como un necesario colaborador

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